Hace unos días, dimos a conocer los resultados del último IPER, un indicador regional que desde hace 10 años mide, semestralmente, la percepción que empresarios y líderes de opinión de la zona tienen respecto a las proyecciones de la economía.
El Índice de Percepción Empresarial Regional, es elaborado en alianza entre la consultora EY, la Universidad Andrés Bellos en Concepción y la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío, y en el en este tiempo se ha transformado en un documento de consulta permanente para los sectores público y privado, pues es una de las pocas mediciones sobre las expectativas de la economía regional.
La última entrega mostró una mirada neutral de 50 puntos, la media entre el optimismo y el pesimismo. La cautela de los encuestados refleja el panorama de hoy. Con una necesidad de avanzar, pero atenta a los cambios que podrían ocurrir en un año electoral, con instituciones que se han modificado, con una fuerte crisis de credibilidad y en un territorio que ha sufrido episodios sostenidos de violencia en la Macrozona Sur.
No debemos olvidar que una condición básica para atraer inversiones es que existan reglas y con un Estado de Derecho donde se cumplan las leyes y se respete el orden.
Las inversiones no son relevantes sólo por las cifras, sino porque aportan al territorio donde se realizan. Son un agente social que mejora la calidad de vida de las personas y por consecuencia, son un indicador de bienestar para sus habitantes. Existe coincidencia en la relación entre la inversión, sobre todo la privada que representa el 80% del total y la generación de empleos de calidad y permanentes. Hoy más que nunca es fundamental que esa sinergia se produzca, pues es el principal vehículo para superar el 13,2% de pobreza que puso al Biobío en un lamentable cuarto lugar nacional, según la última encuesta CASEN.
A la presentación de los resultados del IPER, asistió el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz y fue enfático en declarar que “sin inversión no vamos a tener empleo”. Asumió el compromiso de impulsar eficiente y eficazmente una planificación regional, basada en una estrategia de desarrollo sostenible, que fomente y cuide las fuentes laborales.
Y en este planteamiento hay un elemento clave, la descentralización. Un aspecto en el que el 51% de quienes respondieron el IPER califican como prioritario y fundamental. A partir de la creación de la institucionalidad de los gobernadores regionales, los territorios podrán tener mayores oportunidades de decidir sobre la base de las necesidades locales, así como también establecer líneas de apoyo a comunas más apartadas de las capitales regionales o con menos recursos.
Según las propias palabras del gobernador Díaz, esta es la fórmula para resolver oportunamente medidas que potencien la calidad de vida, de trabajo y de desarrollo de cada zona.
Cuando el IPER cumple una década, debemos relevar la importancia que tiene para las regiones contar con información de primera línea, que nos permita decidir correcta y oportunamente. Datos que se actualicen a la celeridad que el crecimiento requiere, que acompañe a los ritmos actuales, que mida variables tan relevantes como las inversiones, el empleo, el bienestar de las personas, y por supuesto, el desarrollo ético y sustentable; y paralelamente, permita visualizar otras más ligadas a la calidad de vida de los colaboradores de una empresa, a la integración establecida con sus comunidades e incluso, a impactos como los de la pandemia o la crisis social de 2019, que ha cambiado nuestra forma de entender el mundo.
