Álvaro Ananías
Presidente Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío
El lunes de esta semana ocurrió una balacera en el mercado Lo Valledor de la Región Metropolitana, durante la implementación de un nuevo plan de seguridad, que terminó provocando que una mujer disparara contra tres personas, luego de quitarle el arma al vigilante que la retenía mientras llegaba personal de Carabineros.
La situación ocurrida en la capital causó diversas reacciones en el mundo político y generó un intenso debate respecto a las medidas que se deben aplicar para mejorar la seguridad a nivel nacional. Es así como el Gobierno debió cambiar el foco de su agenda, frente a un hecho que el propio presidente Gabriel Boric calificó como “absolutamente impresentable y al que no le podemos bajar el perfil”.
En Biobío en cambio, el inminente cierre de la siderúrgica Huachipato anunciado hace tres semanas, si bien también generó reacciones y la preocupación del Gobierno; con la visita del Ministro de Economía, no provocó anuncios y menos un cambio en la agenda económica para incentivar la inversión y la protección a las industrias que sustentan nuestro desarrollo, empleabilidad y bienestar social de miles de familias.
La invisibilidad de las regiones de nuestro país se hace evidente en este contexto. A pesar de ser uno de los polos industriales más importantes del país (15% de las industrias de Chile están aquí), el Biobío queda en segundo plano frente al centro de Chile.
No podemos perder de vista que esta crisis traerá consecuencias muy difíciles y complejas, especialmente por la pérdida de más de tres mil puestos de trabajo estables y de calidad de colaboradores directos y se verán afectados cerca de 17 mil empleos indirectos totalizando un potencial de 22 mil personas desempleadas.
Adicionalmente, nuestra región anotó una tasa de desempleo de 8,4% en el trimestre noviembre-febrero, es decir cerca de 66 mil personas se encuentran sin trabajo. Si a eso le sumamos los puestos laborales que se perderían tras el cierre de una industria como Huachipato, la cesantía aumentaría a cerca de 88 mil personas, generándose una tasa de desempleo superior a un 12%, cifra que no se ha registrado en esta región desde el año 2010 a raíz del terremoto y el 2020 en plena pandemia.
A esto se suma el impacto para más de mil pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de la industria, la afectación al encadenamiento productivo y que, con toda seguridad, el sector productivo no tiene la capacidad actualmente para absorber con una economía que se encuentra hoy muy golpeada.
Ante este escenario, el Biobío se encuentra en una encrucijada económica que demanda acciones concretas y coordinadas de parte del Gobierno porque al igual que en lo ocurrido en Lo Valledor, a esta crisis no le podemos bajar el perfil.
